POR GUILLERMO DÁVALOS
Bolivia es uno de los países más pobres de la región y una de las principales causas de estos altos niveles de pobreza se debe a la extrema concentración de la riqueza y por tanto al elevado grado de desigualdad. Según últimos datos, Bolivia se ubica entre los cinco países con mayor desigualdad social y económica en América Latina, lo cual es aún más grave si consideramos que es la subregión que presenta la mayor inequidad en la distribución de ingresos del planeta. Estos niveles de inequidad, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra , se constatan de manera gráfica al desagregar los datos por distrito, comprobando que en los 7 distritos;5, 6,7,8,9,10 y 12 de la periferia de la ciudad los hogares en situación de pobreza oscilan entre el 24 al 51%, mientras que los distritos de la parte central; 1,2,3,4 y 11 cobijan a más del 90% de hogares no pobres, en una ciudad que pasó vertiginosamente de 41.000 habitantes en 1950, a más de 1.5 millones, convirtiéndose actualmente en la primera ciudad del país, marcada por un acelerado crecimiento inmigratorio del área rural de Santa Cruz y del resto de Bolivia.
En este contexto, más que los altos índices de pobreza es el trasfondo de exclusión social e inequidad o polarización entre pobres y ricos el factor que explica los altos niveles de violencia e inseguridad percibidos por la ciudadanía cruceña, sobre todo los vecinos que radican en los dos extremos de la ciudad: los distritos con mayor incidencia de pobreza; 6,7,8 y 12 y los distritos con mayores niveles socio económicos; 1 y 2 según la encuesta de percepción de inseguridad ciudadana, realizada en la primera parte del estudio “Inequidad y Exclusión: Pandillas Juveniles”.
Entre los factores que coadyuvan en la generación de los altos niveles de inseguridad ciudadana, el estudio realizó un relevamiento de los centros destinados a la educación, la recreación, el deporte y la seguridad pública y privada versus las ofertas de expendio de bebidas alcohólicas constatando que del 100% de ofertas de estos servicios la mitad se orientan a incentivar el consumo de alcohol un 30% a la educación y un 20% a los efectivos para la seguridad ciudadana.
El otro elemento es sin duda la prevalencia del uso indebido de drogas (UID) y dentro de ellas particularmente la elevada incidencia del consumo de alcohol el mismo afecta a casi 5 de cada 10 personas, junto a ello se puede observar el incremento en alrededor de cuatro veces en la prevalencia por mes del consumo de marihuana, al igual que de clorhidrato de cocaína, de pasta base y la categoría consignada como “cualquier droga”, siendo 17 años la edad media en el inicio del consumo de alcohol y prácticamente de todas las otras drogas.
Abordar el tema de las “pandillas juveniles” en este contexto, obliga revisar la situación de la adolescencia y juventud y la primera constatación es que las cifras de asistencia escolar caen de manera dramática en la adolescencia comparada con los niños y niñas, lo que ratifica que el principal problema dejo de ser la falta de acceso al nivel primario del sistema educativo, el mismo que fue sustituido por la deserción o más propiamente por la exclusión del sistema educativo de las y los adolescentes. Sólo algo más de tres de cada diez adolescentes del nivel más pobre está escolarizado y cerca de siete de cada diez están incorporados prematuramente y en condiciones precarias al mercado laboral. Es evidente que a mayores niveles de pobreza, mayor inserción temprana al mercado laboral y por tanto, mayor exclusión del derecho a la educación, reproduciendo el círculo vicioso de pobreza e inequidad. Cabe resaltar además que alrededor de un tercio de los y las adolescentes de los distritos pobres de Santa Cruz no estudian ni trabajan, con lo cual se tiene un cuadro completo que permite afirmar que la pobreza y la exclusión económico social afecta de manera especial a este segmento poblacional.
Además, junto a la exclusión económica y social se sitúa el desconocimiento o negación de las y los adolescentes como sujetos de derecho, traducida en la violación cotidiana de su integridad y dignidad. Al respecto, es reveladora la única consulta realizada en Bolivia a personas de 13 a 18 años2, según la cual 7 de cada 10 declararon recibir maltrato psicológico y/o físicos en el ámbito familiar y 6 de cada 10 adolescentes en el ámbito escolar con lo cual los espacios de socialización fundamentales se convierten a su vez en los espacios maltratadores por excelencia. Esto revela un verdadero fenómeno socio cultural fuertemente arraigado en una historia de exclusión.
Por otro lado, cuando se indagó los niveles de organización y participación de los y las adolescentes, sólo el 27% señalaron como una de sus actividades el compartir con sus pares, expresando una baja participación en organizaciones estructuradas por el peso que en ellas tienen los prejuicios y las estigmatizaciones de los adultos, que tienden a considerar a cualquier agrupación de adolescentes como “pandilla”.
Son estos los factores que explican la proliferación de las agrupaciones denominadas; “pandillas” o “camarillas juveniles” las que ascienden aproximadamente a 170 grupos organizados, con alrededor de 6.663 adolescentes y jóvenes entre 10 y 24 años de edad, lo que representa menos del 2% del total de la población de este grupo etáreo involucrado en estas agrupaciones.
Según la ubicación geográfica del lugar donde viven los y las integrantes de “pandillas”, 6 de los 12 distritos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tienen una alta presencia de estos grupos; distritos: 1, 4, 6, 7, 8 y 12, puesto que entre el 50 al 70% de las unidades vecinales cuentan con estas agrupaciones. Luego están los distritos 2,5 y 10 con una presencia media, seguido de los distritos 3 y 9 con baja presencia. Finalmente el Distrito 11 con muy escasa presencia de “pandillas”. Es pertinente aclarar que el mapeo corresponde al lugar donde viven las “pandillas”, generalmente no son las zonas donde operan, verificándose que si bien gran parte de ellas habitan fuera del cuarto anillo, su acción es mucho más visible dentro el primer y segundo anillo de la ciudad.
Así como no parece ser una lectura adecuada el asociar de manera lineal niveles de pobreza con inseguridad, menos corresponde hacerlo con la magnitud de la presencia de “pandillas juveniles”, puesto que al cruzar los datos, se verificó que si bien de los 6 distritos con mayor porcentaje de “pandillas”, cuatro; 6, 7, 8 y 12 efectivamente corresponden a los con mayor pobreza, pero por el otro lado dos distritos 1 y 4 corresponden a los más ricos. Por ello, se puede deducir nuevamente que más que los niveles de pobreza, inciden en los altos niveles de presencia de “pandillas”, el factor principal es la exclusión social e inequidad o polarización entre pobres y ricos. En este sentido, es un fenómeno social que si bien afecta en mayor grado a los dos extremos desde el punto de vista del nivel socio económico, atraviesa todo el entramado social y también afecta la calidad de vida del conjunto de la población.
En un mismo espacio físico llamado ciudad conviven dos realidades diametralmente opuestas; una, la ciudad poderosamente conectada con otros centros nacionales, regionales y mundiales y, otra, en la que la miseria, las carencias y la desesperanza generan el caldo de cultivo de la violencia, la inseguridad y la ingobernabilidad.
En la Villa 1ro.de Mayo, el Plan Tres Mil, Pampa de la Isla y en El Nuevo Palmar o Los Lotes, que representan cuatro de los doce distritos y cerca al 40% de la población de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra , se están formando legiones de jóvenes criados en la pobreza, sin estructuras familiares, que viven en la economía informal y no tiene la menor esperanza de insertarse en la sociedad productiva en la era de la información. Estos jóvenes crecen recibiendo una avalancha de estímulos sin precedentes que los alientan a ingresar en un mundo globalizado, en un momento histórico en que - paradójicamente - las oportunidades de ascenso social para quienes carecen de educación o entrenamiento laboral son cada vez más reducidas.
Pero por otra parte, en el otro extremo los distritos 1 (Equipetrol) y 4 (Las Palmas, Urbari) que concentran alrededor de un 20% de la población de Santa Cruz de la Sierra , junto a mayores oportunidades de integración de las generaciones jóvenes al proceder de familias con altos niveles de ingreso, conviven con altos niveles de violencia incorporados en su formación cotidiana a través del Internet y el acceso a los sofisticados medios de comunicación, con el acceso fácil al mercado de drogas y la carencia de afectividad y comunicación en los espacios fundamentales de socialización como la familia y la escuela, sumado a la escasa motivación, compromiso y solidaridad con su entorno, lo que genera en éstos y los distritos del otro extremo la proliferación de las denominadas “pandillas juveniles”.
Por las entrevistas y los grupos focales con miembros de “pandillas” o “camarillas” se puede inferir la significación de su pertenencia a estos grupos principalmente por las carencias afectivas en la familia, que se expresan en la falta de cuidado y la ausencia de la imagen paterna o materna y en no pocos casos la parcial o total separación de sus familias. La carencia de lazos afectivos es suplida por el grupo, el cual pasa a constituirse en su nueva familia.
En este contexto, los integrantes de este tipo de agrupaciones comparten sus convicciones, certezas y vida propia en una comunidad afectiva que les ofrece un sentido de pertenencia, de identidad, de comunicación y valoración de sí mismos. Los integrantes de las “pandillas” perciben este sentimiento de aceptación y comparten identidades y trayectos vitales similares con los otros miembros del grupo.
Los jóvenes viven el presente y se autoafirman en rituales y estilos de vida; tatuajes, vestuario, estilo del cabello, etc. Así manifiestan sus identidades, expresando una especie de contracultura alternativa a la oficial de la sociedad. Si bien no es homogénea, cobra importancia la imagen, la sensorialidad versus la racionalidad del mundo adulto. Es una subcultura que vive el presente y asume posturas políticas contestatarias a las dominantes.
Los límites territoriales juegan un rol importante en los grupos juveniles, lo que conlleva confrontaciones entre los grupos de un sector y otro. Un aspecto que pesa en esto es la micro-comercialización de la droga y los tipos de consumo que están asociados a los territorios, por lo tanto los jóvenes se cuidan de no ser encasillados erróneamente a un determinado territorio.
Por otra parte, el análisis de los grupos focales y testimonios recogidos indica que estos jóvenes pasaron lentamente de haberse encontrado por diversas carencias e intereses a juntarse para disfrutar de los beneficios que reportan el ser parte de un grupo fuertemente cohesionado, alrededor de intercambios o prestaciones de ayuda entre adolescentes y jóvenes que no encuentran otra manera de satisfacer sus múltiples necesidades.
En este tránsito hacia agrupaciones con un mayor grado de cohesión en torno a ciertos beneficios no sólo afectivos, sino sobre todo materiales, caracterizadas además por una mayor magnitud y presencia territorial se puede ubicar a unas 14 agrupaciones, es decir algo más del 8% de las aproximadamente 170 identificadas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. De estas 14 “pandillas” que tienen presencia en más de un distrito, sobresalen los Deseados (DCA2), los BDR, Los Vatos Locos, Los New Boys y Los Simpson, que cubren entre cinco a siete distritos cada una y que son identificadas como peligrosas e incluso como grupos de delincuentes, no sólo por la amplia extensión territorial y por el número de sus integrantes que oscilan entre 200 a 600 adolescentes y jóvenes en cada agrupación, sino porque son las que tienen una articulación directa con el micro tráfico de drogas ilegales y de armas de pequeño calibre, incrementando sus niveles de confrontación y violencia en procura de controlar territorios y extender su influencia hacia otras zonas de la ciudad, motivados por el control y manejo de estos “negocios” ilícitos.
El preocupante tránsito de estas agrupaciones juveniles hacia formas cada vez más violentas y delictivas, está alimentada por una ciudad excluyente, donde la combinación del aumento de las expectativas y la disminución de las oportunidades para los sectores de menor educación está llevando a que progresivamente más jóvenes, armados y desinhibidos por la droga, estén “saltando muros” para adentrarse en zonas comerciales y residenciales con el objetivo de asaltar a cualquiera que parezca bien vestido, o lleve algún objeto de valor. Y a medida que avanza este ejercito de excluidos, las clases adineradas se repliegan cada vez más en sus fortalezas o condominios amurallados, que ya no sólo cuentan con guardias debidamente equipados, sino que también tienen su gimnasio, piscina y restaurante dentro del mismo complejo, para que nadie esté obligado a exponerse a salir al exterior.
En este sentido, esta ciudad se enfrenta ante un colosal desafío: superar los crecientes niveles de violencia e inseguridad ciudadana que está cambiando por igual la vida cotidiana de pobres y ricos. Ello obliga a implementar entre otras las siguientes políticas:
- Revertir la desigualdad y la exclusión social que afecta particularmente a la niñez y adolescencia, adoptando políticas públicas de inclusión social bajo el enfoque conceptual del desarrollo humano sostenible.
- Asegurar la permanencia en la educación secundaria orientándola a los requerimientos del desarrollo bajo el enfoque de la empleabilidad, así y disminuir los altos niveles de desocupación y de inserción precaria de adolescentes y jóvenes al mercado laboral.
- Construir una ciudadanía participativa a partir de la generación de opciones, espacios y oportunidades distintas de participación e integración social, en la perspectiva de alcanzar un mayor reconocimiento y compromiso social como sujetos con sus propias singularidades y demandas.
- Instaurar instancias cooperativas de resolución de conflictos propugnando el fortalecimiento de su cohesión y organización implementando instancias de mediación y conciliación a nivel de las unidades educativas, las organizaciones barriales y otras.
- Implementar una política de justicia penal garantista para adolescentes. Los y las infractoras o son privados de libertad o son absueltos, incentivando en muchos casos la reincidencia y un futuro involucramiento en delitos mayores al carecer de una estrategia socio educativa de responsabilización del adolescente infractor ante la sociedad.
- Incorporar en los medios de comunicación el sentido de responsabilidad social puesto que éstos construyen percepciones de la realidad que se instalan en la sociedad.
- Avanzar hacia una política pública integral de seguridad ciudadana que implica superar la visión reduccionista que asocia seguridad ciudadana únicamente con incremento de efectivos policiales y de acciones represivas de orden público. M