Por: Alcides Vadillo
El autor es Director Regional de la Fundación Tierra.
La movilización protagonizada por indígenas de tierras bajas contra la carretera que pasaría por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) no fue cuestión de caminos o de carreteras, la causa es la lucha por la defensa y conservación de sus territorios indígenas legalmente reconocidos y titulados como Tierras Comunitarias de Origen (TCO). El conflicto del TIPNIS es fundamentalmente un problema de tierra y territorio, aunque a partir de la marcha se han visto contrapuestas visiones y modelos de desarrollo y formas de vida.
La tierra como oferta electoral
Una de las ofertas de la campaña electoral del Movimiento al socialismo (MAS) en 2005 así como en 2009 fue la de “entrega de tierras”. Prometieron tierras a campesinos, interculturales (colonos), indígenas y bolivianos que viven en el exterior (Argentina, Chile y Perú). La promesa de redistribución de tierras venía unida a la idea de la reversión de los latifundios y el ‘límite de las 5.000 hectáreas’ como el tamaño máximo de la propiedad agraria. Esta política se intentó materializar en la “revolución agraria” de 2007, la misma que se transformó en “revolución productiva” en 2011, lo que implicó un cambio de prioridades para el gobierno. Se pasó de la propuesta redistributiva a la propuesta productiva agroindustrial de la tierra.
Frente al fracaso de la “revolución agraria” y la promesa incumplida de redistribución de tierras, las bases campesinas, colonizadores y bolivianos regresados de Argentina y Chile presionan para la entrega de tierras. En algunos casos el gobierno está otorgando una ‘autorización provisional’ para nuevos asentamientos humanos; en otros, los asentamientos se producen con el simple consentimiento de sus organizaciones. Estas ocupaciones ilegales se están realizando en áreas sujetas a saneamiento que todavía no han sido declaradas fiscales, reservas forestales, parques nacionales y territorios indígenas.
Indígenas y colonizadores: visiones contrapuestas
Para los campesinos y colonizadores, hijos de la reforma agraria de 19533, “la tierra es para quien la trabaja”; esta visión agrarista de la tierra y la mentalidad de producción de excedentes para el mercado está presente en el pensamiento y visión ideológica del campesinado boliviano. Desde esta perspectiva ven a las TCO´s como nuevos latifundios improductivos; grandes extensiones, escasa producción y mucha tierra para poca gente.
La principal lucha de los indígenas durante los últimos 30 años es por la reivindicación y el reconocimiento de sus territorios como espacio de vida: “la casa grande”. El territorio es su referencia histórica, su ‘ubicación frente al mundo’ donde convergen los dioses y los hombres, el pasado y el futuro, la existencia y la libertad como pueblo; por lo tanto, no se reivindica como un elemento productivo. El presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, sentenció que: “es nuestro hogar y no pueden destruirlo”. En otra ocasión vaticinó: “lo que le pase al TIPNIS ahora le va a pasar a todas las áreas protegidas y a todos los territorios indígenas de la Amazonia”.
El tema de la carretera fue un catalizador de la reciente movilización indígena; sin embargo, el tema de fondo
son las agresiones y avasallamientos que sufren los territorios indígenas desde el norte de La Paz hasta el sur de Tarija por parte de empresas petroleras y mineras, y por parte de campesinos colonizadores —denominados ‘interculturales’— provenientes de la zona andina de Bolivia.
El Derecho al territorio es parte de los Derechos Humanos. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los pueblos indígenas y tribales tienen formas de vida únicas y su cosmovisión se basa en su estrecha relación con la tierra. “Las tierras tradicionalmente utilizadas y ocupadas por ellos son un factor primordial de su vitalidad física, cultural y espiritual." La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Convenio 169 establece que: “la utilización del término tierras deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera” (Art 13, Inc. 2).
Existe jurisprudencia sobre el reconocimiento y protección de la relación de los indígenas con el territorio y el deber del Estado de brindar la protección suficiente. En el caso de la Comunidad indígena Sawhoyamaxa Vs Paraguay, en sentencia, la CIDH señalo que; “la relación única con el territorio tradicional puede expresarse de distintas maneras, dependiendo del pueblo indígena particular del que se trate y de sus circunstancias específicas; puede incluir el uso o presencia tradicionales, la preservación de sitios sagrados o ceremoniales, asentamientos o cultivos esporádicos, recolección estacional o nómada, cacería y pesca, el uso consuetudinario de recursos naturales u otros elementos característicos de la cultura indígena o tribal”.
Para la CIDH la relación de las comunidades indígenas con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.
La protección del derecho de los pueblos indígenas al territorio es un tema fundamental para el sistema internacional de derechos humanos. Esto porque su desconocimiento y violación está relacionada a los derechos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra, pero además porque su negación implica la privación de un conjunto de derechos fundamentales como el derecho a la identidad, a la vida, a la vivienda, al trabajo, a la propiedad, a la dignidad, entre los más importantes.
Territorio y libre determinación
El camino iniciado por los pueblos indígenas en 1990 con la “Marcha por el Territorio y la Dignidad” llega al punto más alto con el reconocimiento constitucional del carácter Plurinacional del Estado Boliviano (Art. 1 CPE). La Constitución Política del Estado reconoce que Bolivia esta formada por diversas naciones y pueblos indígenas que el Estado reconoce y garantiza su existencia y desarrollo en un plano de igualdad.
“Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígenas originario campesino y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la Ley”. (Art. 2 CPE)
Las naciones —todas— tienen un territorio en el que se han desarrollado, en el caso de los pueblos indígenas es aquel sobre el que reclaman reconocimiento y control. La libre determinación, la autonomía, el autogobierno, el reconocimiento y protección a su cultura, de sus instituciones sociales y políticas solo será posible en el territorio de ese pueblo, las amenazas y avasallamiento a los territorios indígenas significa una privación de sus derechos como naciones, implica una negación del Estado plurinacional.
Los pueblos indígenas han logrado un importante reconocimiento de sus derechos como pueblos. Y en este sentido las leyes bolivianas son de las más avanzadas en el mundo; sin embargo, parecería que la victoriosa marcha del TIPNIS ha desencadenado la ira de algunos ‘dioses’ que pretenden castigar la libertad insurrecta de los indígenas haciéndolos desandar los caminos recorridos en esta larga lucha por el territorio y la libre determinación de los pueblos.
Los pueblos indígenas de tierras bajas vienen luchando por el reconocimiento legal de sus territorios desde la fundación de la CIDOB en 1983 y ésto adquiere un nivel político nacional a partir de la primera marcha por el territorio y la dignidad en 1990. El territorio ha sido el factor de reencuentro, de organización social, de identidad étnica, de movilizaciones y luchas, tanto en los escenarios locales como nacionales. A partir de la promulgación de la Ley Nº 17151 en 1996, los pueblos indígenas han logrado el reconocimiento y titulación de 190 TCO’s con una superficie de 20.7 millones de hectáreas, de las cuales 55 TCO’s están en el oriente, chaco y amazonia con una superficie titulada de 12 millones de hectáreas.