Por: Miguel Jiménez Canido
El autor es docente de Relaciones Internacionales de las universidades NUR y UTEPSA.
Dos fechas quedarán reflejadas en los libros de historia y marcadas de manera indeleble en la memoria de todo libio: el 17 de febrero, día del nacimiento de la revuelta, y el 20 de octubre de 2011, fecha de la muerte del excéntrico gobernante Muamar Gadafi. No se sabe con precisión cuándo ni quién le descerrajó los balazos en la cabeza y en el abdomen a Gadafi, aunque al menos dos insurrectos se vanaglorian de haber asesinado al dictador. Lo cierto es que el viernes 21 de octubre los cadáveres de Gadafi, de su hijo Mutasim, y de su ministro de Defensa, el general Abu Baker Yunes Yaber, eran expuestos en la cámara frigorífica del mercado central de Misrata. Cuatro días pudieron los libios comprobar in situ que el tirano —42 años después del golpe de Estado que derrocó al rey Idris— era historia.
Los sucesos acontecidos los últimos meses en el norte de África, y que es una de las fichas del dominó de la denominada “Primavera Árabe”, reafirman la importancia de la fuerza popular y la capacidad del movimiento social que tienen los ciudadanos cuando sus necesidades no son satisfechas y desde las calles empiezan a protestar y rebelarse. En el caso libio fue el fracaso de la denominada “Revolución Verde”; fueron décadas de opresión y falta de libertades políticas y económicas las que determinaron un hastío en la población, y respaldados por un contexto favorable a la revuelta (Túnez, Egipto) se libró la batalla para destituir al régimen.
El rol de la comunidad internacional
Sin lugar a dudas, el rol de los países potencias en el mundo, que normalmente hacen de policía y guardianes internacionales —garantes y/o responsables de la paz y seguridad según Naciones Unidas— fue trascendental para asestar el golpe definitivo que consumaría la caída del régimen de Gadafi. De manera muy astuta en el escenario de Naciones Unidas y con cierta presión por inacción al inicio del conflicto y de la Primavera Árabe, se aprobó la Resolución 1973 que sobre la base del respeto y protección a los derechos humanos se debería intervenir en el conflicto para salvaguardar a los civiles a través de una zona de exclusión aérea. Dicha tarea se encomendó a la OTAN. Una determinación que desde todo punto de vista implica defender a la población civil a costa de balas, fuerza y muerte. Todo un ejemplo de “paz negativa” o, al menos, de imposición de la paz.
Fue llamativa la implicación vigorosa de Francia, Reino Unido, Italia y, con algo más de presión-obligación, posteriormente, los Estados Unidos. Podríamos deducir que el liderazgo de estos países para respaldar y guiar la acción militar aérea, implicaba un apoyo a los rebeldes libios en la lógica de ayudarles a capturar a Gadafi para que se restaure el orden en Libia y la producción petrolera quede restablecida, no afectando más los intereses energéticos de dichas potencias luego de meses de conflicto.
La mayoría de los discursos de las principales autoridades políticas tras conocerse la noticia del deceso de Gadafi fueron en apoyo al proceso revolucionario, apoyando al Consejo Nacional de Transición y legitimando la labor de los rebeldes, olvidando —como expresó en sus análisis Ángeles Espinosa— que hace apenas un par de años atrás los mismos políticos que ahora se congratularon con la desaparición del dictador, son quienes “lo recibieron con los brazos abiertos esperando conquistar sus petrodólares”. Lo que una vez más demuestra la antigua máxima de que en política internacional no existen amigos ni enemigos permanentes: solamente existen intereses.
Opinión pública y comunidad internacional
Un par de días después de la batalla de Sirte, arreciaron las críticas de varias ONGs internacionales al Gobierno rebelde por las violentas circunstancias del deceso del ex líder —los gobiernos occidentales no elevaron precisamente el grito al cielo. Los milicianos fueron cuidadosos a la hora de colocar la cabeza de Gadafi ladeada hacia su izquierda para ocultar el tiro en la sien y también de tapar con una manta el orificio de bala que Mutasim presentaba en la garganta.
Al igual que en la cuestión de Osama Bin Laden, se arma una polémica en cuanto a la forma de ajusticiar a este personaje. ¿Debió ser sometido a la Corte Penal Internacional? ¿Debió ser tratado como ser humano si él nunca respetó los derechos humanos de sus víctimas durante su régimen? O bien este crimen cometido en grupo es el acto fundador de la era que comienza, su reflejo anticipado; o bien no es un comienzo, sino un final, el último sobresalto de la edad bárbara, el fin de la noche libia, el último estertor de un gadafismo que antes de expirar ha necesitado volverse contra su autor e inocularle su propio veneno.
Pasado ese momento de exorcismo, la batalla por la libertad retomará su curso, sembrado de trampas, pero, en resumidas cuentas, más bién afortunado y fiel a las promesas de la primavera de Bengasi. Lo irrefutable es que Muamar al Gadafi es el tercer dictador que cae desde el inicio de las denominadas rebeliones árabes. El primero fue el tunecino Ben Alí en enero de 2011 y el segundo el egipcio Hosni Mubarak en febrero del mismo año. Claro que el libio es el único en ser abatido muriendo en lo que muchos llaman “su propia ley”.
En la misma línea, hay que prestar mucha atención a lo que viene sucediendo en Siria donde el régimen de Bachar al Asad sigue reprimiendo las protestas con un saldo muy importante de víctimas mortales. La violencia no disminuye y aparentemente la comunidad internacional debe encarar medidas más eficientes que las sanciones —económicas mayormente— que hasta ahora vienen imponiendo. En este sentido, recientemente la Liga de Estados Árabes aprobó la suspensión de Siria en esta organización así como la imposición de sanciones políticas y económicas. La Liga considera que no ha habido un cese de la violencia por parte del Gobierno de Damasco como exigía el plan de paz que Siria aceptó ‘sin reservas’. La organización ha exhortado también al Ejército a acabar con la represión de los manifestantes que desde marzo piden la renuncia del presidente Bachar el Asad y que ha dejado al menos 3.500 muertos. Interesante también resulta la determinación de la organización panárabe que instó a sus Estados miembros a retirar de Damasco sus legaciones diplomáticas. La suspensión se mantendrá hasta que Siria implemente el plan de paz.
Para finalizar se puede afirmar que en Libia se abre un episodio clave. El Consejo Nacional de Transición debe liderar los esfuerzos por la reconciliación en la sociedad para luego dar paso a la institucionalización del país y su posterior despegue y normalización productiva. Adicionalmente, ahora preocupa en las capitales occidentales del mundo el resurgir del islamismo político en Libia.
Cabe preguntarse por qué de este renacimiento en el Magreb, y no hay que escarbar demasiado para hallar la respuesta. Al margen de que los islamistas han sufrido, como ningún otro colectivo, décadas de cárcel y tormento en Libia, Túnez y Egipto a manos de los esbirros leales a los déspotas defenestrados, las organizaciones islamistas han seguido un patrón que también se ha implantado en Líbano y Palestina. Sus organizaciones caritativas no conocen el descanso: construyen hospitales y escuelas, y atienden a los más necesitados en países dominados durante medio siglo por élites políticas proclives al saqueo de los recursos públicos.
Los islamistas, en todo caso, han ganado influencia paulatinamente en el Gobierno interino en Libia. El ministro de Economía saliente es un titulado en Seatle (EUA) y dirigente de los Hermanos Musulmanes: Abdalá Samía. Abdul Wahid, presidente en Reino Unido de Hezbi Tahrir, una organización que aboga por la unidad de la comunidad musulmana, apunta en artículos publicados en los diarios ‘The Times ‘ y ‘Tripoli Post’ otros motivos por los que en occidente se teme la adopción de la sharía: “No es, como tan a menudo se describe, un cuerpo legal estático. Existen normas indiscutidas, pero la mayoría de las leyes están sometidas a un permanente debate... En materia de relaciones internacionales, prohíbe tajantemente la dependencia colonial de otros Estados. Permite firmar tratados comerciales con otros países, pero rechaza el sometimiento a instituciones hegemónicas controladas por unos pocos países poderosos en beneficio de sus intereses. En asuntos políticos,significa elegir a los gobernantes, que deben rendir cuentas y consultar al pueblo sobre cuestiones importantes ”. Pese a estas preocupaciones, el conflicto en Libia ha vuelto a un estado de latencia; la crisis ha pasado, el dictador se ha ido y aunque las heridas en la población —tanto de
los leales como de los rebeldes— duelen, aun deben cerrarse para empezar juntos el proceso de reconstrucción. Irremediablemente la Libia libre no tiene otra elección.