Una oportunidad para la democracia y la cohesión social
POR CARLOS GUZMÁN VEDIA
Una perspectiva sobre la necesidad de pasar del modelo participativo corporativo al modelo participativo ciudadano en el llamado “proceso de cambio”.
Uno de los desafíos en la reconstrucción del Estado Boliviano, es la elaboración y puesta en rigor de las Cartas Orgánicas Municipales (COM´s), instrumento fundamental para el proceso de consolidación de los procesos autonómicos a nivel municipal. En este proceso que se inició con la Ley de Participación Popular y que ahora el Estado Boliviano consagra en su nueva Constitución con las COM´s y las explica determinando, de manera general, sus alcances en la Ley Marco de Autonomías. La Carta Orgánica Municipal, conforme lo establece la Constitución Política del Estado (CPE), tiene una jerarquía legal igual a las leyes nacionales, estatutos departamentales y otras normativas; sin embargo al ser una norma que regula el ejercicio de la autonomía municipal está sujeta a la Ley Marco de Autonomías.
Una vez aclarado el campo de juego y el alcance de este instrumento, es necesario preguntarse ¿En qué medida participan los ciudadanos en el proceso? ¿Quien redacta la COM ? ¿Desde cuándo entra en vigencia? Evidentemente con el concepto anterior se pone en conocimiento la magnitud de esta norma, pareciera ser una ‘miniconstitución’ a nivel municipal. Y lo es. Y debido a la importancia que tiene este instrumento, es inevitable pensar que en el proceso de su elaboración muchos intereses entrarán en juego. El Art. 275 de la CPE establece:
“Cada órgano deliberativo de las entidades territoriales elaborará de manera participativa el proyecto de Estatuto o Carta Orgánica que deberá ser aprobado por dos tercios del total de sus miembros, y previo control de constitucionalidad, entrará en vigencia como norma institucional básica de la entidad territorial mediante referendo aprobatorio en su jurisdicción.”
En ese artículo (Art. 275), la Constitución reza que quien elabora la COM es el órgano deliberativo, y a nivel municipal los llamados a esta tarea son los concejales municipales. Sin embargo, nuestra ley madre, fiel a su estética de ambigüedades, manda que este órgano deliberativo deba elaborar la carta orgánica de manera participativa, para luego ser aprobada por dos tercios de dicho órgano deliberativo (Concejo Municipal) y finalmente someterla a referendo aprobatorio en la jurisdicción municipal correspondiente.
Haciendo un análisis de ‘pertinencia’, la elaboración de ‘manera participativa’ es una batería que tiene un lado positivo y a la vez otro negativo. El éxito o el fracaso de este proceso dependerán del ‘modelo participativo’ que implemente cada órgano deliberativo en la elaboración del documento. Por ejemplo, existen varias propuestas a nivel nacional, algunas propuestas que plantean un esquema participativo en base a la realización de un modelo prediseñado por asesores jurídicos municipales para luego socializarlo y llegar a un consenso en base a talleres con ciertos actores sociales de dicho municipio. En otras palabras han hecho una carta modelo y la han puesto a consideración de organizaciones sociales. Otro modelo plantea la elaboración mediante equipos de consultores que posteriormente visiten los distritos para validar su Carta Orgánica. Al igual que los lineamientos para la elaboración que propone el Ministerio de Autonomías, que plantea una participación a través de talleres con los movimientos sociales que son actores en distintos municipios. En resumen, ambos modelos ‘participativos’ han sido de corte corporativo. La participación ha sido reducida a las llamadas organizaciones sociales, comités de vigilancia, juntas vecinales; en fin, las corporaciones que se ufanan de la representación ciudadana.
Saltan estas preguntas: ¿Dónde ha quedado el vecino? ¿En qué momento el individuo en Bolivia puede participar en un proceso democrático como este? ¿Usted querido lector se siente representado en su día a día de vivencia en su municipio, por alguna de estas corporaciones? En estos tiempos de cambio, la mayor característica es el corporativismo. Las asociaciones, federaciones, juntas vecinales, comités, etcétera, han secuestrado la democracia; la individualidad es mal pagada en el escenario político boliviano y se convierte en una necesidad el disfrazarse con los colores de algún gremio para hacer legítima una demanda o proponer algún proyecto. “El individuo no existe en el mapa de la desgracia”, afirmaba Roberto Barbery al denunciar los constantes atropellos a las que fue sometida paulatinamente la democracia boliviana por los movimientos corporativos. A la erradicación de la participación individual, también hay que sumar otra consecuencia del abuso corporativo, y es la disgregación social que ha sufrido la sociedad boliviana producto del ya mencionado sectarismo. Por otro lado, también la disgregación corporativa, se ha ido transformando en una especie de rompecabezas político, donde para armar cierto tipo de coherencia democrática es necesario acudir a incuestionables dueños de la gobernabilidad política. El jugador que reúna más piezas, es aquel que definirá nuestro paisaje político. Esto nos ha llevado a vivir de manera aislada y no permitirnos asumir un compromiso con algo que es nuestro, como en este caso es la ciudad donde vivimos.
Así pues, las Cartas Orgánicas son una oportunidad para la democracia y la cohesión social, o en otras palabras para recuperar (si alguna vez la hubo) o impulsar la participación del ciudadano en los asuntos públicos. Y para la cohesión social, en tanto las cartas orgánicas como símbolo de empoderamiento ciudadano. Cornelius Castoriadis nos habla de la ley y de los ciudadanos. Este filósofo griego afirma que es necesario que se tenga la posibilidad efectiva de participar en la formación de la ley:
“No se puede ser libre bajo una ley si no se puede decir que esa ley es propia, si no se ha tenido la posibilidad efectiva de participar en su formación y en su institución (incluso cuando las preferencias propias no han prevalecido). En vista de que la ley es necesariamente universal en su contenido y, en una democracia, es colectiva en su fuente, de ahí se deriva que la autonomía efectiva de todos, en una democracia, debe ser una preocupación fundamental de cada uno”.
Es así que en éste proceso de cambio, es necesario hacer un cambio en el rasgo corporativo del sistema, y reivindicar la democracia como régimen y no como mero procedimiento. O en palabras de Castoriadis, la concepción procedimental de la democracia, es aquella que solo es compatible con los formalismos (los meros procedimientos del sistema: libertad de expresión, votar, legislar, gobernar, etc.) La otra concepción es la de régimen; donde los individuos sean capaces de hacer funcionar los procedimientos democráticos según su espíritu crítico en base a su vivencia, esto es, mujeres y hombres democráticos también en el sentido procedimental del término. Para este caso, es necesario que este espíritu crítico sea valorizado e impulsado por las instituciones de la sociedad, y la democracia vuelva a ser movimiento de auto institución de la sociedad, esto es, un nuevo tipo de régimen en el sentido pleno del término.
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¿Qué deseamos legar a las nuevas genera-
ciones? Legarles Instituciones cruceñas que
promuevan el espíritu crítico o instituciones
que condenen al ostracismo a quiénes se
atreven a pensar diferente?
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En este proceso de elaboración, la verdadera ciudadanía libre de representaciones tiene todo el derecho de participar, exigiendo a sus autoridades la resolución de sus asuntos de convivencia cotidiana, ya que es una oportunidad de diálogo entre ciudadanos, aquellos que tienen la capacidad de gobernar y ser gobernados, tal como lo decía Aristóteles. Es por eso que la elaboración participativa de la Carta Orgánica Municipal tiene que ser la base para la construcción de políticas públicas municipales que mejoren la convivencia de la colectividad, constituyéndose en una oportunidad para generar escenarios de inclusión social que busquen alivianar las causas de la fragmentación social y promuevan la cohesión social a partir de la promoción de un sentido de pertenencia al territorio y particularmente hacia la comunidad en su conjunto.
Entendiendo el concepto de cohesión social como un valor, un principio que se nos presenta como el horizonte hacia el cual orientar la acción pública. Cohesión social también puede entenderse como el efecto combinado del nivel de brechas de bienestar entre individuos (ciudadano) y entre grupos (corporaciones). Es el grado de consenso de los miembros de un grupo social sobre la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común. Decepcionante sería repetir la experiencia de los Estatutos Departamentales, instrumentos que como lo establece el artículo 275, también deberían haber sido elaborados de ‘manera participativa’, sin embargo fueron redactados por un grupículo de iluminados que aprovecharon el calor de la coyuntura política para hacerlos aprobar en referendo y hoy, a poco más de tres años de su aprobación, el estatuto autonómico no entra en vigencia y, lo peor de todo, nadie los conoce.
Solo resta esperar mecanismos idóneos de participación mixta, donde los ciudadanos comunes tengamos iguales derechos que las agrupaciones que detentan el quehacer político. Para esto es necesario empezar a replantearse elementos de cohesión social, la elaboración de las cartas orgánicas es el primero, mas como ciudadanos es nuestro deber buscar otros elementos que ayuden a cohesionarnos en nuestra convivencia, ya que las ciudades son organismos vivos y cuanto más se mezclan, son más humanas. M