Las claves del proceso
Entrevista a Carlos Romero, Ministro de Autonomías
REDACCIÓN: MOJÓN 21
El pasado 17 de mayo, en Radio Santa Cruz, durante la versión radial de Mojón 21, dialogamos con el Ministro de Autonomías, Carlos Romero. En este escenario, generado gracias a una alianza entre la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (fBDM) y la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz (FSTPSC), el Ministro expuso sus puntos de vista acerca del proceso eleccionario en el Órgano Judicial.
De acuerdo al Ministro de Autonomías, Carlos Romero, esta elección de la cabeza del poder judicial en sus diversas instancias “significa un intento de despolitización de la justicia, de resolución de los problemas estructurales de la justicia boliviana que es una de las que más problemas estructurales ha tenido en relación a otros países”. Según una encuesta citada por la autoridad, solo 21% de la población boliviana confiaba en el sistema judicial. Explicó que esto es así dado que la misma “ha estado controlada políticamente, porque no ha sido transparente y no ha respondido a un mandato del pueblo”. Romero señaló, en relación a los criterios de selección para los candidatos, que es importante “primero, que se respete la carrera meritocrática, la carrera judicial, y que la misma sea calificada en una comisión plural de la asamblea legislativa plurinacional; y segundo, que sean ratificados o seleccionados los magistrados en última instancia por el voto del pueblo boliviano. Quiénes pueden postularse son principalmente los abogados que hayan tenido una carrera profesional en el ámbito judicial o en el ámbito académico jurídico, pero también se tomará en cuenta a quiénes hayan estado ligados al sistema jurídico indígena. Esto específicamente en el caso del Tribunal Constitucional, porque ahí van a confluir dos sistemas: el originario y el ordinario”.
Sobre la participación de las mujeres señaló que existe una regla de 50/50 en la preselección, aunque Romero apuntó que esto no necesariamente se reflejará en la constitución en sí del Órgano Judicial, toda vez que “en última instancia es el soberano quién tomará la decisión”. Es decir, que será el voto ciudadano el que definirá la composición final en cuanto a género.
La incorporación de la justicia originaria constituye otro de los retos para el Órgano Judicial. Es importante contar con una sistematización de las jurisprudencias existentes en cada sistema de justicia propio de las comunidades indígenas bolivianas. En ese sentido, el entrevistado señaló que “existen varios estudios interesantes de Xavier Albó, Álvaro Infante, Marcelo Fernández y Elva Terceros. No diría que se ha hecho un ‘levantamiento’ precisamente porque es una justicia oral y se registra sin embargo en unas actas. Hay sistematizaciones interesantes que dan cuenta que los valores son distintos y los procedimientos son distintos. Ahora, ¿cómo garantizamos que estos instrumentos de garantías constitucionales, que responden a una lógica occidental, sean aplicados en el mundo indígena, porque así manda la constitución, y cómo garantizamos que el sistema jurídico ordinario, cuando tenga que resolver litigios que tienen que ver con los pueblos indígenas —porque la justicia indígena tiene sus límites con relación a las personas al territorio y a las materias— no transgreda también la lógica civilizatoria cultural de los pueblos indígenas? En este caso, Boaventura de Souza Santos aconseja generar procesos de traducción cultural. Esto significa que los mecanismos de diálogo cultural entre sistemas jurídicos tienen que permitirnos encontrar fórmulas; por ejemplo: en el caso de la asistencia del abogado defensor, ¿cómo traducimos eso en el sistema jurídico indígena?, ¿cómo cumple este requisito el sistema jurídico indígena sin que necesariamente responda a la usanza del sistema europeo occidental? Seguramente será una construcción permanente que habrá que ir desarrollando en una sistemática de procedimientos y nuevas leyes”.
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| El Ministro Romero en Radio Santa Cruz, durante la entrevista. |
Acerca de las dudas expresadas desde la oposición en cuanto a la filiación política afín al oficialismo por parte de los candidatos, la autoridad expresó que el MAS tiene pocas posibilidades de construir de esa manera las listas dado que “quiénes vayan a postularse no tienen que tener militancia política en ejercicio y, si la tuvieran, tendrían que haber renunciado a la misma hace cinco años. Los que han renunciado al MAS antes de ese periodo seguramente deben ser muy pocos, porque hace cinco años el MAS ha debido recién estar incorporando algunos profesionales en sus filas”, apuntó Romero.
En el tema del manejo de información durante el proceso electoral, Romero señaló que esto “es función del Órgano Electoral. Ellos tienen que difundir a través de los medios de comunicación las condiciones, el perfil y la trayectoria de los candidatos para informar a la población porque no sería transparente una elección si uno va a elegir a ciegas; lo que se quiere evitar es que se politice el proceso con auspicios, apoyos y propagandas pagadas”. En cuanto a las entrevistas a los candidatos, Romero indicó que los medios tendrían que hacerlo bajo determinadas condiciones y bajo ciertas reglas de juego que determine el Órgano Electoral.
Por otra parte, en cuanto al sentido del cambio que esta elección significa, Romero expresó que “en el mundo vienen cambiando muchas cosas, no solo las instituciones y las estructuras estatales, también los conceptos y los valores. Hace algún tiempo atrás, por ejemplo, era impensable hablar que un pueblo indígena pueda ser considerado nación y eso no solo ha sido establecido en la constitución boliviana, sino en la declaración de naciones unidas de 13 de septiembre de 2007. Entonces las ideas van cambiando. Antes teníamos el constitucionalismo social que había reemplazado al constitucionalismo liberal y ahora tenemos el constitucionalismo plurinacional o pluricultural, cuyos antecedentes más inmediatos están en la constitución colombiana de 1991 y que la boliviana ha desarrollado de manera mucho más profunda”.
La formación de magistrados para contar con administradores de justicia idóneos también es un tema central en este marco eleccionario, al respecto Romero indicó que “se necesita una educación permanente de valores y conceptos. Los jueces desarrollan dos jurisprudencias: una en sentido estricto, con sus resoluciones uniformes que van generando derecho; y una jurisprudencia de los conceptos porque van generando también teoría y doctrina”. En ese sentido, afirmó que “tiene que existir una estructura de formación. El Instituto de la Judicatura podrá ser reformulado, estará bajo administración del propio órgano jurisdiccional como mecanismo de fortalecimiento técnico y tendrá que ver el tema del sistema jurídico indígena”. Señaló también que desde el Órgano Ejecutivo se continuará con la escuela dependiente de la Procuraduría General del Estado para la formación de abogados que se especialicen en la defensa del patrimonio del Estado.
Sobre el futuro de la justicia en Bolivia, hacia dónde va el Órgano Judicial y qué transformaciones son necesarias, la autoridad explicó que “un primer problema es que la justicia boliviana ha respondido solamente a una cultura y a una civilización que no expresaba la diversidad cultural de este país; que se había acuñado bajo un formato estrictamente liberal. Nosotros tenemos que tener la capacidad de generar un sistema de justicia plural, que permita la coordinación entre el sistema ordinario y el sistema indígena.
Otra tarea pendiente tiene que ver con la transparentación de las actuaciones del poder judicial, sobre las propuestas de cómo garantizar una mayor transparencia en la resolución de los litigios. Se tiene que garantizar celeridad ya que la retardación de justicia es un problema terrible. También se tiene que garantizar la igualdad de las partes en los procesos. Es decir, hay que generar una serie de mecanismos garantistas que efectivicen los derechos de las personas”.
Por último, es evidente que esta elección de la cabeza del poder judicial ha de tener consecuencias en la construcción de la institucionalidad boliviana. De acuerdo al ministro Romero, la misma “fortalece la democracia de manera muy significativa. Primero: porque la administración de justicia no es una cuestión de especialidad de unos abogados de la vieja democracia excluyente boliviana; ahora es un mandato del soberano, es un mandato del pueblo y esa es la verdadera esencia del órgano jurisdiccional. Segundo: como quiera que el soberano le está dando una tarea a esas autoridades, que es articular la administración de la justicia y garantizar el respeto de las leyes, obviamente que se produce una profunda ampliación de los márgenes de la democracia porque por un lado interviene el pueblo en la designación de sus autoridades y por otro lado interviene la población en la designación de jurados ciudadanos. Entonces, se da una participación ciudadana directa por esta doble vía. Y, tercero: porque la aplicación de las leyes, el respeto del derecho, es lo que garantiza precisamente la vigencia de la democracia, porque las leyes se supone que son equilibradas y mantienen los más altos valores que concibe un pueblo”, concluyó. M