POR FELIX PATZZI
Una de las críticas que se hacía a la democracia representativa, que se consolidó en Bolivia casi juntamente con el neoliberalismo, es su carácter colonial; es decir, que el campo político —que es el campo del poder― fuera ocupado y monopolizado sólo por los blanco-mestizos y que sistemáticamente fueran excluidos los indígenas de diferentes grupos culturales. Ello conducía a desigualdades sociales fundamentalmente a partir de pertenencias étnico-raciales. En otras palabras, relaciones de dominación en función de criterios étnicos que construyeron una ciudadanía desigual.
El monopolio del campo político detentado por los blancos mestizos significó para el imaginario colectivo en general y para los indígenas que habitan en el área rural y urbana sinónimo de ‘degeneración moral’ debido a que en más de 20 años de democracia que les tocó a éstos administrar el Estado, llevaron al país a un contínuo escándalo de corrupción, despilfaroo económico y degradación moral. Como regla general, se estableció el enriquecimiento ilícito a costa del Estado y se estableció el compadrazgo o intercambio de favores como norma para el acceso a diferentes oportunidades. Contra esa práctica política se levantaron diferentes sectores sociales en el año 2000; constituyéndose aquello en un movimiento social protagonizado por indígenas que empezaban a reclamar la ‘descolonización’ como una política de superación de las desigualdades sociales a partir de criterios étnicos. Esto significó plantear que el esfuerzo personal, capacidad, conocimiento y méritos deben ser los elementos determinantes para construir cualquier oportunidad, independientemente de las pertenencias raciales o étnicas. En esta lucha evidentemente no faltaron extremistas que autocalificaron a los indígenas como reserva moral. En ese sentido, a partir del año 2000 comienza el ascenso de los indígenas para ocupar los espacios políticos en instituciones nacionales, departamentales y municipales, en otras palabras, el campo político en general comenzó a pintarse de color cobrizo, como también en los viajes aéreos ya es normal ver a los indígenas o descendientes de ellos. Sin duda, esto significó un gran avance en términos de inclusión para esa población indígena históricamente excluida, además esto llevó a mayor democratización de los espacios públicos y fue un salto grande para la democracia boliviana; a eso también se ha llamado construcción de un Estado Plurinacional. Sin embargo, dicha participación indígena acusa dos serios problemas que necesariamente deben resolverse en el futuro inmeditato. Primero, observamos en todos los niveles legislativos —gobierno central, gobernaciones y municipios— hegemonía de población aymara y quechua, fundamentalmente, y muy poca o casi nula participación en estos espacios de los otros pueblos indígenas, especialmente de tierras bajas, siendo precisamente éstos los que constituyen mayoría en términos de pueblos o grupos culturales. Conforme a la Constitución , de los 36 pueblos indígenas, serían aproximadamente 32 los que estarían ubicados en tierras bajas y éstos no tienen participación o representación individual en la Asamblea Plurinacional. Por lo tanto, vistos desde esta perspectiva, la Asamblea Plurinacional no sería tal, debido a que están ausentes la mayoría de los pueblos indígenas de tierras bajas —como tampoco están presentes los representantes de los Urus e Iruitos del altiplano—; por ello, que en tanto estén ausentes estos pueblos en los espacios de decisión nacional no se puede hablar de un Estado plurinacional y continuará siendo un Estado de blanco-mestizos, aimaras y quechuas.
Ahora, es cierto que algunos de estos pueblos indígenas —en términos poblacionales— no sobrepasan las 100 familias y esa la razón para excluirlos cuando el gobierno elaboró la Ley de Transición Electoral para elegir diputados y senadores en el año 2009. Obviamente, en los gobernantes primó la visión numérica poblacional en vez de lo plurinacional. En términos ideológicos quiere decir que primó la visión liberal en vez de la de descolonización. Esta visión que opta por la elección de los representantes a nivel nacional a partir del criterio de población –liberal-, se consolida con la promulgación de la Ley del Régimen Electoral; en ella solamente se establecen 7 circunscripciones especiales y en cada una de ellas están fusionados varios pueblos. El caso del departamento de Beni es el más paradójico, donde están metidos en la bolsa de una circunscripción 27 pueblos. Estos diputados en términos prácticos y operativos en el futuro no sabrán a quién exactamente representan, si a su pueblo específico o al conjunto de los que están metidos en la bolsa de la circunscripción especial. Por otro lado, la misma ley tampoco señala que estos diputados en las circunscripciones especiales sean elegidos bajo mecanismos propios, sino que obliga a que sean elegidos mediante el voto, eso sin duda sigue siendo una imposición de la lógica liberal que corresponde a la civilización occidental europea. En consecuencia con el concepto de Estado Plurinacional, los correcto es que los 36 pueblos indígenas gocen de representación parlamentaria independientemente de la cantidad de población, ya que de esta manera se estaría fortaleciendo la cultura y estructura civilizacional de cada pueblo, inclusive de aquellos que están a punto de desaparecer. Además, habría que respetar y reconocer que sus representantes sean elegidos mediante mecanismos y procedimientos propios, sin necesidad de someterlos al sufragio, que es característica de la forma liberal de la política. Eso sin duda, significaría modificar totalmente la Ley de Régimen Electoral promulgada por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
El segundo problema a ser superado es la cualificación de la representación indígena. Es más que evidente que la mayoría —por no decir la totalidad— no ha logrado generar opinión y planteamientos propios, y mucho menos tener una actitud reflexiva y crítica sobre la realidad nacional en términos estructurales y coyunturales. Por eso es que no lograron generar normas nacionales que realmente beneficien al conjunto de la población o que beneficien a la población que supuestamente representan. Es más, se observa en ellos una participación pasiva, dependiente y totalmente sumisa a las directrices del poder ejecutivo. Además, no asumen por sí mismos la redacción de leyes conjuntamente con los asesores que tienen asignados por ley, sino que quienes realizan esa tarea son miembros de un grupo palaciego denominado “entorno del presidente Evo Morales”, los que en su mayoría son blancos-mestizos ‘reciclados’ del neoliberalismo —un grupículo que siempre supo reacomodarse en funciones públicas de gobierno en gobierno— y que son individuos sin conocimientos acerca de las costumbres y prácticas culturales indígenas. Peor aún, son quienes asumen hoy hipócritamente una supuesta defensa del indígena y el Estado Plurinacional no obstante antaño miraban a esos indígenas con odio y desprecio.
El diputado y senador indígena, al no tener voz, noción y planteamiento propio, es obsecuente con este ‘grupo entorno’ y su tarea como parlamentario se ha reducido a prestar su voto a leyes así elaboradas. Se constata igualmente que muchos parlamentarios ni siquiera tienen la capacidad de realizar una lectura crítica de los diferentes artículos de las normas sancionadas e inclusive hay casos en que votaron sin conocer el contenido de una ley. Y por esa actuación fueron denominados ‘calienta asientos’ y ‘levanta-manos’. En ese sentido, el presidente, vicepresidente y ‘el entorno’ ven a los representantes indígenas sólo como instrumentos de legitimación de sus políticas. A esa guisa, el Parlamento se redujo a ser apenas el escenario ideal para las exposiciones ‘magistrales’ del vicepresidente y de algunos otros del ‘entorno’, sobre ciertos conceptos pre-elaborados, frente a un público de parlamentarios que en muchos casos ni siquiera han culminado el bachillerato, que tampoco cultivaron la lectura y, en consecuencia, se advierte su baja o nula capacidad para expresar crítica sustentada alguna, siendo así fácilmente manipulados a favor de la agenda política oficialista. No queda duda que para lograr dicho favorabilísimo ‘escenario político’, los ideólogos del gobierno realizaron en su momento una estratégica preselección de candidatos privilegiando la lealtad ciega por sobre la capacidad de reflexión; por eso es que sistemáticamente excluyeron a intelectuales y dirigentes indígenas con criterio formado. Por eso que hoy encontramos un parlamento totalmente devaluado en términos ‘culturales académicos’, ‘capacidad de crítica y reflexión’ y ‘capacidad propositiva’. Un parlamento sin capacidad de acercarse al pueblo —del cual provienen y por el cual fueron elegidos— por temor a ser insultados; limitando su aparición pública a fiestas o padrinazgos de algún colegio o campeonato deportivo.
A esa devaluación se suman las adjetivizaciones del presidente a los representantes indígenas que no actan sus directivas, tildándolos de ‘buscapegas’, ‘corruptos’, ‘neoliberales’ o ‘de derecha’, y a quienes eventualmente amedrenta mediante la aplicación de procesos penales como ‘castigo’ a su falta de lealtad incondicional. De esta manera, el gobierno, consciente o inconscientemente, ha generado y posicionado en la opinión pública el estigma de que el indígena es incapaz, corrupto, inmoral, buscapega, etc., adjetivos que precisamente Alcides Arguedas utilizó antaño para defenestrar indiscriminadamente a los indígenas. En otras palabras, colapsó aquél discurso en el que el indígena (antes de ocupar los escenarios políticos) representaba una nueva moral, siendo así el sujeto idóneo para realizar la ansiada transformación del país. Es por eso que hoy, inclusive el llevar chaleco o saco de bayeta, sombrero, o cualquier símbolo indígena en la vestimenta, para la opinión pública significa lo ‘negativo del indígena’ y así se fue perdiendo poco a poco ese orgullo de ser indígena que nació en las luchas iniciadas en el año 2000. Lo deplorable es que fue el propio indígena —en calidad de Presidente— el que llevó el estado de cosas a esta situación: la devaluación de lo indígena. Revertir dicha devaluación social de la representación indígena pasa por dos premisas: primero, que en las próximas elecciones, en cualquiera de los niveles de gobierno, deben ser seleccionadas personas con mayor preparación, personas que pueden ser profesionales o líderes con opinión y reflexión crítica. En otras palabras quiere decir que deben ser ‘indígenas letrados’. En segundo lugar, debe superarse el etnocentrismo indígena; es decir: aquella visión que prima en muchos indígenas, que consideran que su cultura y sus prácticas morales son superiores a las de la civilización occidental. Lo anterior significa que la representación indígena no sólo debe sentar presencia en los escenarios políticos, sino debe ser portador ideológico de la construcción de una sociedad a partir de prácticas y visiones culturales e institucionales, económicas, políticas y jurídicas propias. En este sentido, la representación indígena no debe estar subsumida a la lógica del capital o al socialismo, sino debe ser la vanguardia de las políticas de descolonización para así superar las desigualdades sociales construidas hasta el momento en función de pertinencias étnicas raciales, e implementar el sistema comunitario como alternativa de gestión de sociedad frente al socialismo y al capitalismo. M